En pocos años se convirtieron en el mayor proveedor de servicios financieros del país en número, con un rango de 2,066 instituciones de esta naturaleza. También en poco tiempo han acumulado muchas críticas: 174,000 mexicanos han denunciado condiciones abusivas en la operación de este tipo de créditos. Como Willy Luis –quien prefiere usar un nombre ficticio para no revelar su condición económica– acudió a un préstamo luego de que el sismo de 8.2 grados Richter –el de mayor magnitud que se ha registrado en el país en los últimos 100 años– destruyera su casa. El desastre ocurrió en 2017 y afectó principalmente a Oaxaca. Según los registros oficiales, el sismo echó abajo 70,000 viviendas, 40 clínicas quedaron en escombros y 3,500 escuelas resultaron dañadas.

Con su vivienda hecha añicos y desesperado porque los apoyos gubernamentales para la reconstrucción fluían lento, Willy solicitó un préstamo de 60,000 (3,041 dólares) pesos a la financiera HXTI S.A Sofom E.R.N., con el propósito de apurar los trabajos para recomponer su casa.

Después de seis meses de pagos al crédito, con cuotas quincenales de 1,200 pesos (60.82 dólares), y cuando la emergencia tras el temblor se lo permitió, este profesor de Cívica y Ética decidió hacer un balance de sus finanzas y acudió a la financiera a solicitar un informe de sus pagos.

Durante un mes, hizo llamadas telefónicas al promotor del crédito y al call center de la financiera, pero ninguno de los funcionarios autorizados por HXTI accedió a otorgarle un reporte de pagos o entregar un estado de cuenta.

“Yo solo veía como me quitaban dinero, pero no sabía cuánto había pagado, o cuánto me faltaba por pagar. El promotor del crédito me decía que en el call center debían darme informes; y en el call center decían que era el promotor quien tenía los datos”, relata el hombre.

Ante la negativa de la financiera, Willy se vio obligado a acudir a las oficinas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ubicada a 300 kilómetros de su lugar de origen. Y fue después de tres meses de oficios y citatorios que la financiera accedió a entregar un reporte de sus pagos.

Cuando Willy Luis tuvo en sus manos el reporte de su deuda, comenzó a identificar las inconsistencias entre la información que le dieron verbalmente, y los términos reales en que la financiera gestionaba su deuda. De entrada la deuda no era por 60 mensualidades como le indicó el promotor verbalmente sino por 72 meses.

El profesor hizo cuentas, y a pesar de que había solicitado un préstamo por 60,000 pesos (3,041 dólares), le faltaban por liquidar 144,000 pesos (7,298.53 dólares). Willy no sabe cuál fue el porcentaje de tasa de interés que le cobraron, porque eso no se aclaró en la reunión.

El equipo investigativo buscó a HXTI por correo electrónico, redes sociales y teléfono para conocer su versión sobre esta denuncia, pero no hubo respuesta.

El experto Raúl Valencia del Toro, consultor en la firma Valencia del Toro, en donde da asesoría a Sofomes, señala que la mínima tasa de interés en este tipo de créditos ronda el 27 por ciento anual, pero comenta que también hay tasas que pueden llegar al 90 por ciento anual de los créditos de nómina.

Del Toro explica que las personas acuden a este tipo de créditos, y están dispuestas a pagar tasas altas de interés porque están en apuros, “porque necesitan el dinero y les es difícil obtener ese fondo de otra manera”. Y así lo confirma Willy Luis: “Resulta atractivo solicitar un crédito para salir de un problema, pero cuando uno se da cuenta, entra a un hoyo, a una situación que se vuelve insostenible”.

La situación de Willy Luis es similar para cientos de miles de mexicanos. Una investigación realizada por La Jornada, NV Periodismo de Investigación y CONNECTAS revela que a pesar de la respuesta que dio Lopez Obrador a la reforma que buscaba regular esta modalidad de créditos, su Gobierno ha permitido que se mantenga.

Además, varias entidades estatales han firmado convenios con Sofomes para que sus funcionarios accedan a este tipo de créditos. El equipo investigador realizó varias solicitudes de información a secretarías de Salud, Finanzas y Educación de los 32 estados y buscó información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto permitió identificar que, de 2014 a la fecha, las entidades de la república firmaron más de 500 convenios con 127 financieras para dar créditos de nómina con cobranza delegada, y que los cobros de créditos contratados al amparo de esos convenios continúan vigentes.

Además, una revisión de los anuarios estadísticos de la Condusef permitió identificar que el 60 por ciento de las entidades financieras que tienen el mayor número de convenios con los gobiernos estatales acumulan el 30 por ciento del total de las quejas dirigidas hacia las Sofomes. Es decir, la reputación de las compañías no es un requisito para contratar con los gobiernos estatales.

Estas 15 Sofomes concentran 20% de los contratos con los estados

Las financieras firmaron 121 convenios con gobiernos de las 32 entidades, en el periodo 2014 a la fecha.

Encima, cuatro gobiernos locales incurrieron en una mala gestión de los créditos, porque realizaron descuentos a los trabajadores pero no entregaron el dinero a las entidades crediticias. Los principales perjudicados de esta irregularidad han sido los trabajadores, ya que algunos han tenido que pagar multas por la negligencia de sus gobiernos.

Y no queda allí, el gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó que las tasas elevadas de interés que cobran en este tipo de créditos era un problema para los trabajadores públicos. Incluso creó un programa para refinanciar las deudas de los maestros. Sin embargo, el programa no finalizó y también fue señalado de irregularidades en su gestión.

Mientras las autoridades miran hacia otro lado, los mexicanos solo cuentan con una entidad para quejarse, y ésta únicamente tiene la potestad para tratar de conciliar las partes en conflictos. La falta de regulación en esta actividad permite que los intermediarios financieros vulneren los derechos de los acreedores.

“El cuestionamiento principal de la iniciativa (legislativa) de créditos de nómina con cobranza delegada se ciñe sobre la pretensión de legalizar los vicios y las fallas que prevalecen en una práctica que existe, y no resolver los problemas con diálogo entre los sectores involucrados: usuarios de crédito y otorgantes de crédito (...) Hace falta una ley, pero una ley que ponga orden, y que sea justa, de lo contrario solo nos conducirá a la legalización de los abusos”, escribió en un análisis Teresa Carbajal Vázquez, representante legal del Barzón Resistencia Civil, una asociación civil que defiende los derechos de los usuarios crediticios.

El rechazo del presidente a la iniciativa aprobada por los legisladores dio un respiro a las organizaciones defensoras de usuarios crediticios, que la consideraban como la legalización del embargo al salario. Sin embargo, para Alberto García, asesor parlamentario en temas relativos al trabajo y la seguridad social, la insistencia de los diputados en impulsar una iniciativa con deficiencias, junto a una parálisis legislativa dictada desde Palacio Nacional, no es el mejor escenario para las personas que requieren un crédito en México.

“No hacer nada no es lo mejor, es lo peor que se puede hacer desde el Congreso Federal. Decir: ‘Si la aprueban la veto’, no es la mejor postura, porque como jefe de Estado se puede decir: ‘Hay que corregirla, porque no está bien así como está’. La parálisis legislativa que se dictó desde Palacio Nacional deja las cosas como están, y no están bien. En un escenario así, siguen ganando las entidades financieras que gestionan este tipo de créditos”, dijo.

Willy Luis recuerda que en aquella reunión ante la Condusef, trató de llegar a un acuerdo con la financiera. Y a pesar de que todavía costeaba gastos por la reconstrucción de su vivienda, propuso a la financiera realizar un pago anticipado para reducir su deuda.

De entrada, los representantes de HXTI se negaron. Aunque la respuesta no es ilegal, porque no hay una norma que expresamente lo prohíba, sí es abusiva a los ojos de los defensores de usuarios crediticios como Carbajal Vázquez. Y, cuando ante la mediación de la Condusef accedieron a un pago anticipado, pusieron la condición de que fuera por un monto de 90,000 pesos (4,561.58 dólares), y concedieron un plazo de 15 días para hacerlo.

“Cuando uno contrata el crédito te prometen que puede liquidar la deuda en cualquier momento sólo abonando al capital, pero cuando uno quiere hacer uso de ese derecho, se niegan a que podamos liquidar de manera anticipada”. Así que Willy Luis se resignó a continuar encadenado a esa deuda por cinco años más.

Un año después de aquella cita en la Condusef, Willy Luis recibió una llamada de la financiera a su teléfono celular reclamando el pago de las últimas cinco parcialidades de su crédito.

Al poco tiempo, se enteraría de que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) faltó a su responsabilidad de entregar los descuentos de su salario a la entidad financiera. Para resolver aquel embrollo en que lo metió el Instituto tuvo que ir a Oaxaca en varias ocasiones, y poner una queja en el área jurídica. Meses después, logró que el Ieepo depositara los pagos pendientes.

Con esa amarga experiencia a cuesta y cuando ya había pasado 2 años y medio, con pagos a la deuda por un monto de 72,000 pesos (3,815.58 dólares), Willy Luis recibió el apoyo de su familia para reunir 50,000 pesos (2,649.70 dólares) y dar un pago anticipado a la financiera.

“Sí, yo pagué 122,000 pesos (6,465.28 dólares) por un préstamo de 60,000 pesos (3,041 dólares), mucho más de lo que pedí”, dice el hombre a seis años de aquel sismo y de solicitar aquel crédito.

Créditos que empobrecen

Corría el 2013, y Rossy —quien por temor prefiere usar un nombre ficticio— estaba entusiasmada. Recién había llegado a Comitán, Chiapas, para trabajar como enfermera de la Secretaría de Salud. Comenzaba así su vida como profesionista independiente.

La joven recuerda que aunque tenía grandes esperanzas por lo que estaba por vivir, también tenía que enfrentar muchos retos. De entrada, había dejado la casa materna y necesitaba acondicionar un lugar para vivir.

Segura de que contaba con un trabajo estable y un salario fijo, acudió a la financiera Kondinero (Directodo México, S.A.P.I de C.V, Sofom) y solicitó un préstamo por 30,000 pesos (2,297.09 dólares) que usaría para comprar una cama, una estufa y un cilindro de gas.

La mujer de piel clara, ojos grandes y voz fuerte dice que, en aquel momento, la financiera solo le dió a firmar un contrato en una oficina del centro del pueblo, pero no le quedó copia de aquel acuerdo ni tabla de amortización. Y aunque se le hizo extraño, no insistió en preguntar.

Al poco tiempo de firmar el contrato, su empleador comenzó a descontar las parcialidades del salario de Rossy. Desde el principio, se trató de montos irregulares: había quincenas que le quitaban 751 pesos (57.50 dólares), otras 1,398 pesos (107.04 dólares), y hubo varias ocasiones en que le descontaron 2,672 pesos (204.59 dólares). Ella nunca entendió la lógica de estas cantidades.

Con cuatro años abonando a la deuda, con un total de casi 80,000 pesos (4,054.73 dólares) pagados, esta seguía sin ser liquidada. Pero lo inaudito estaba por ocurrir. Llegó un momento en que la Secretaría de Salud de Chiapas, que administraba los descuentos del crédito de Rossy, dejó de entregar el dinero a la financiera. Y eso le ocasionó multas que la mantienen endeuda.

A una década desde que acudió a las oficinas de Kondinero, Rossy sigue sin poder liquidar su crédito. Para vivir, le tocó trabajar extra. Se ha puesto a vender empanadas de arroz con leche junto con su madre.

La Jornada y CONNECTAS contactaron a Kondinero por correo y vía telefónica, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Pero Rossy no era la única a quien la Secretaría de Salud había defraudado. De acuerdo con María de Jesús Espinosa de los Santos, quien fue lideresa de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en el periodo 2018-2022, señaló que en aquel momento, había 10,000 trabajadores de esa institución que estaban siendo multados y enviados a buró de crédito por 39 financieras, a causa de que Salud descontaba las parcialidades de sus créditos, pero no los entregaba a las instituciones crediticias.

El 4 de abril de 2017, a las 10 de la mañana, frente al hospital Rafael Pascacio Gamboa, en Chiapas, la enfermera Cielo Gramajo Cundapí, junto a otras cuatro compañeras de trabajo, decidieron dejar de comer como forma de protesta. Demandaban el abasto de medicamentos e insumos para los hospitales públicos del estado. Pero también, a decir de Espinosa de los Santos, pedían que el gobierno de Manuel Velasco Coello (Partido Verde Ecologista de México), cumpliera con entregar las parcialidades de créditos, que pese a descontarse de los salarios de los trabajadores, había dejado de pagarse a las financieras, meses atrás.

Después de 10 días y varias mesas de diálogo, la huelga de enfermeras se levantó tras lograr un acuerdo con las autoridades estatales, quienes se comprometieron a liquidar los adeudos reclamados por las enfermeras. Y en reuniones subsecuentes, a decir de Espinosa de los Santos, los trabajadores siguieron pugnando porque se revisara las condiciones en que las entidades financieras operaban los créditos de nómina con cobranza delegada otorgados a trabajadores.

La Jornada y CONNECTAS buscaron la versión de la Secretaría de Salud de Chiapas, pero no hubo respuesta.

Dos años y un cambio de gobierno tuvieron que pasar para que los reclamos fueran atendidos. En julio del 2020, ya bajo el gobierno de Rutilio Cruz Escandón Cadenas, el estado de Chiapas publicó un decreto en donde reconoció que los convenios entre financieras y el Gobierno de su antecesor Manuel Velasco Coello expusieron a las personas a prácticas abusivas.

“No tienen acceso a los contratos de adhesión que suscriben, ni se les otorga copias autógrafas de los mismos, menos aún se les proporciona las tablas de amortizaciones, estados de cuenta, comprobantes de operación”, señala el decreto.

Ante los vicios de las financieras, el Gobierno de Chiapas canceló los convenios de colocación de créditos firmados por el Gobierno de su antecesor, y prohibió la firma de nuevos acuerdos.

Pero a tres años de aquel decreto, los descuentos a los trabajadores continúan activos.

Después de que el gobierno de Escandón Cadenas cancelara los convenios con financieras, las instituciones crediticias acudieron ante el Poder Judicial, en donde les otorgaron amparos que les permitieron continuar con las retenciones sobre créditos pactados antes de la aplicación del decreto.

A través de una solicitud de información realizada para esta investigación, el Gobierno de Chiapas informó que en la actualidad se aplican descuentos de nómina a 18,183 trabajadores, en favor de 15 empresas derivado de los resolutivos juicios de amparo.

Rossy se benefició del decreto durante un año y medio. Pero cuando las entidades financieras obtuvieron el amparo a su favor, los descuentos regresaron.

Su sueldo como empleada administrativa por contrato en el hospital de Comitán “María Ignacia” es de 6,000 pesos (331.49 dólares) al mes, pero a su bolsa sólo llegan 2,000 pesos (110.49 dólares), el resto le queda a la financiera. Rossy está planeando migrar a otro país porque esta situación la tiene agobiada. No sabe cuánto le falta por pagar.

“No hay alguna oficina a dónde ir a preguntar, a reclamar y la Secretaría de Salud tampoco me informa cómo es que estos descuentos regresaron y por qué lo permiten”.

“Yo busqué un abogado, pero me cobra dinero que no tengo, entonces ¿cómo le hago? ¿Vuelvo a pedir dinero prestado?”.

Encadenado al crédito

Desde hace cuatro años, Agustín Pérez Merchant, un profesor jubilado de 64 años de edad, y con ambas piernas amputadas, se las arregla para sobrevivir con 1,580 pesos (87.29 dólares) al mes, el monto que las financieras Procasa e Intermercado le dejan en su cuenta bancaria, tras descontarle las mensualidades de dos créditos.

En 2018, Pérez Merchant solicitó un crédito con la financiera Ciep Procasa de Xalapa S.A. de C.V. por 130,000 pesos (6,615.77 dólares). Y cuando apenas llevaba un año de pagos, la empresa le llamó por teléfono para ofrecerle un refinanciamiento por 230,000 pesos (12,188.65 dólares).

Por este refinanciamiento, Pérez Merchant sólo recibiría en su cuenta bancaria 64,737.75 pesos (3,430.72 dólares), mientras que el resto: 159,794.25 pesos (8,468.16 dólares) se irían al pago del crédito contratado en 2018, y que estaban pendiente de liquidarse.

Las condiciones del financiamiento ofrecido por Procasa contemplaba una tasa de interés anual de 31.11 por ciento y un CAT –Costo Anual Total– de 36.7 por ciento, con la proyección de un monto total a pagar por 499,414.80 pesos (26,466.03 dólares), en 60 mensualidades de 8,323.58 pesos (441.10 dólares).

Pero este no es el único crédito de Pérez Merchant. Él también recibe un descuento por 4,645.68 pesos (256.66 dólares) por un crédito con Intermercado contratado en 2017. Y también paga 305.66 pesos (16.88 dólares) de un préstamo sindical con FigloSnte56, que aunado a las aportaciones sindicales y un seguro de vida, sólo le dejan 1,580 pesos (87.29 dólares) en la cuenta bancaria.

Mario Alberto di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el periodo 2013-2018, señala que como en el caso de Pérez Merchant, las entidades financieras promueven el sobreendeudamiento de los trabajadores, al otorgar créditos sin considerar la capacidad de endeudamiento de las personas —la recomendación de Banxico es que un trabajador no se endeude más de un 30 por ciento de sus ingreso—.

“Yo puedo ir a otra y otra casa o entidad financiera a solicitar otro y otro y otro crédito de nómina sin ninguna restricción, comprometiendo mi capacidad de pago más allá de mis posibilidades. Eso le ha pasado a maestros y médicos, con esta forma de operar de estas nomineras, porque ellas te prestan siempre y cuando tu recibas algo en tu cheque, no se ponen a ver el historial de solicitud de crédito, por eso muchos trabajadores están cobrando cero pesos”, señala di Costanzo Armenta.

Otra experta en el tema, Carbajal Vázquez, advierte que es común que un deudor en dificultades acceda a los refinanciamientos, aunque estos sean en condiciones de desventaja para ellos, con tasas altas de interés, pago de comisiones y servicios que sólo incrementan el monto y el plazo de la deuda.

En un principio, Pérez Merchant y su familia sobrevivían con las ganancias que dejaba una tienda que había improvisado en la fachada de su casa. Pero cuando la pandemia por covid-19 se hizo presente, tuvo que cerrar la tienda. Y la situación se agravaría después, cuando las complicaciones de una diabetes lo llevó a amputación las dos extremidades entre 2020 y 2022.

Para sobrevivir en el día a día, Pérez Merchant depende de su familia: la esposa tiene que lavar ropa ajena; su hija, que es profesora, le ayuda con la manutención y su hijo taxista también coopera. Además, desde hace algún tiempo, el Gobierno Federal le da una pensión por discapacidad de 2,900 pesos (160.22 dólares) cada dos meses, y con eso se ayuda.

“Lo que queda en mi cuenta no me alcanza para vivir. Me dan 1,580 pesos, es lo que alcanzo, pero yo digo: ‘Yo mismo me metí en este problema’. Pero la verdad, veo difícil esto de irla pasando”, dice el profesor desde una silla de ruedas en el patio de su casa.

Pérez ha pensado en revisar su caso con la Condusef, pero dice que se ve imposibilitado por su movilidad y por la falta de recursos, ni siquiera tiene teléfono. En los cinco años que lleva pagando los créditos con estas dos financieras, nunca ha recibido copia de los créditos contratados, de los refinanciamientos o de los estados de cuenta de los pagos de su deuda.

"Ayer marqué desde el teléfono de mi hija y por fin me contestaron el teléfono en una financiera Procasa, di el número de cliente, y me dijeron que me falta pagar 128,800 pesos (7,116.02 dólares)".

A través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, el equipo investigativo trató de contactar a Procasa e Intermercado, pero no hubo respuesta.

Rossy, la enfermera en Chiapas, y el profesor Pérez Merchant no han asistido ante la Condusef para presentar una queja por la falta de entrega de documentación que ampara los créditos y las parcialidades pagadas. Pérez Merchant no lo hace por las dificultades que plantea su discapacidad, y Rossy porque no le queda dinero para hacer diligencias.

Sus historias demuestran las afirmaciones de Carbajal Vázquez, que ha acompañado casos de usuarios crediticios, y destaca que la mayoría de las personas que sufren abusos de financieras no denuncia ante la Condusef.

Las reclamaciones de usuarios de entidades financieras que dan crédito de nómina han aumentado más de 10 veces desde 2014 a la fecha

Las reclamaciones que sí llegan a este organismo obedecen principalmente a la cobranza abusiva, negativa de la entidad financiera a concluir el contrato de manera anticipada y no entregar documentos como cartas de liberación, facturas o gravamen.

En 2018, la Condusef emitió un pronunciamiento público en el que hizo un llamado a la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina A.C. (Amden) para que corrigieran las malas prácticas. Les pidió que las entidades financieras que integran su organización, proporcionaran a los acreditados toda la información relacionada con la apertura de su crédito: el contrato de adhesión, la tabla de amortización, los estados de cuenta y en su caso comprobantes de operación. Tener estos documentos les daría seguridad jurídica a los acreditados.

La CONDUSEF emite recomendaciones a la AMDEN respecto a créditos para trabajadores y pensionados

La Condusef también pidió establecer mecanismos con las dependencias públicas para que los gestores de crédito se acrediten como trabajadores de las entidades financieras; revisar la capacidad crediticia de los usuarios para evitar el sobreendeudamiento y revisar las tasas de interés.

Entrevistado para esta investigación, Gustavo Martín del Campo, presidente de la Amden –que congrega a 16 entidades financieras, y que en su conjunto otorgan el 90 por ciento de los créditos con retención de nómina otorgados por IFNB (Instituciones Financieras No Bancarias)–, aseguró que todas las recomendaciones de la Comisión han sido atendidas por las integrantes de la asociación que encabeza. Y que han establecido un código de ética y lineamientos para corregir los señalamientos.

Aseguró que debido a los requerimientos impuestos para conseguir fondeo y para prevenir de lavado de dinero, “todos los expedientes se tienen que reunir, de manera que las instituciones que yo represento tienen toda la información física y electrónica para utilizarlos a los fines que está dedicado, entonces el problema de la entrega de información está resuelto, no ha habido tema”.

También, el presidente de la Amden –que en diciembre de 2019 reportó una cartera de 76.9 mil millones de pesos–, argumentó que no generan sobreendeudamiento porque “nosotros lo que revisamos es el talón del trabajador de los últimos tres meses para saber qué otros descuentos tiene. Revisamos si pagan una cuota de alimentos a sus hijos o a su ex mujer, si tiene un crédito infonavit (...) Entonces cuando decía Condusef que no se revisaba profundamente, pues fíjate nosotros sí revisamos el buró y adicionalmente revisamos el talón de pago”.

Dijo que los agremiados de la Amden aplican la regla “30-20”, a partir de la cual no se otorgan créditos que impliquen descuentos superiores al 30 por ciento del sueldo de una persona, y que después de aplicar los descuentos totales al trabajador le debe quedar al menos el 20 por ciento de su sueldo para vivir, “porque la gente necesita comer, transportarse, vestirse”.

Sobre las quejas que acumulan sus agremiados ante la Condusef, Martín del Campo comentó que aunque esos números pareciera que son gigantes, “no son ni el uno por ciento de los créditos que otorgamos, entonces la comparación se hace un poquito más pequeña, o vamos le resta importancia”.

Y continuó: “La problemática aquí y déjame decirlo aunque sean palabras fuertes, pero hay mucha gente que lo que no quiere es pagar. Por ejemplo, te puedo decir que tenemos varios casos de algunos vivalillos que piden un crédito con un INE y luego tres semanas después se presentan con otra INE y dicen ‘esa no es mi firma’(...) yo en lo personal considero que el tema de las quejas debería ser administrado de una manera diferente”.

Pero a pesar de que Martín del Campo asegura que han acatado las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las reclamaciones de usuarios crediticios no han disminuido, por el contrario, la tendencia es a la alza.

Del análisis de datos de anuarios estadísticos de la Comisión, se observa que en 2018, año en que se realizó la recomendación a la Amden, se registraron 27,021 reclamaciones de usuarios y para el año siguiente la cifra aumentó pasando a 32,991. Aunque disminuyó en 2020 con un registro de 21,699 reclamaciones, para 2021 la cifra volvió a aumentar con 33,623 quejas.

Entre las multas que ha aplicado la Condusef, las entidades financieras que otorgan créditos de nómina con cobranza delegada también tienen un papel protagónico, ya que pertenecen a los sectores más sancionados por la Condusef, con un 43.81 por ciento del global de las multas (34,210). Entre 2014 y 2021, se registraron 15,603 multas a sofomes por un total de 447 millones de pesos (21, 699,029.12 dólares).

Las sofomes son de los sectores más sancionados por la Condusef

Las sofomes representan el 45.6% de las multas impuestas desde 2014 hasta 2021 por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El costo al erario

La maestra Alma Mireya Muñoz Sánchez tomó la palabra y, frente a las autoridades mexicanas, señaló: “Muchos maestros vivimos con ingresos quincenales insuficientes (...) por los descuentos que nos aplican debido a las muy altas tasas de interés. Nuestros cheques no alcanzan para solventar los gastos más elementales de nuestras familias y de nosotros mismos”.

Las palabras de la profesora fueron escuchadas por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto; el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; y el de Educación, Emilio Chuayffet, que aquel 21 de noviembre del 2013 decidieron presentar el Programa de Refinanciamiento de Crédito a Trabajadores de la Educación Vía Descuento de Nómina (BANSEFI-REFIN). Y más tarde, el 23 de octubre de 2014, pondrían en marcha el Subprograma de Compra de Cartera, que sólo operó para el estado de Veracruz.

Mediante ambos programas, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) –ahora Banco del Bienestar– refinanció 35,923 créditos, de los cuales 23,807 créditos fueron por el Subprograma de Compra de Cartera que operó en Veracruz, y 12,116 créditos mediante el Programa BANSEFI-REFIN.

Aquel día, durante la presentación del programa, el Gobierno mexicano admitió que lanzó estos programas ante los casos de sobreendeudamiento y de asfixia salarial que enfrentaban más de 300,000 maestros, que habían solicitado créditos de nómina con cobranza delegada.

El entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray reconoció casos como el de “un maestro de la Sección 39 en Colima, que por un crédito por 110,252 pesos (8,441.96 dólares) está pagando una tasa de 43 por ciento, lo que ocasiona un descuento mensual en su recibo de nómina de 6,945 pesos (531.77 dólares), es decir casi 7,000 pesos (535.98 dólares)”.

Explicó que de adherirse al programa, de inmediato podía lograr que el descuento se reduzca de 7,000 pesos a sólo 4,500 pesos (344.56 dólares), sin aumentar un solo peso su deuda y su crédito”. En aquel evento oficial, Videgaray adelantó que para operarlo se crearía un fideicomiso en Bansefi que iniciaba en ese momento con un fondeo de 5,000 millones de pesos (382,848,392.03 dólares).

Sobre este programa que operó entonces Bansefi, Martín del Campo explicó que desconoce las razones políticas que hayan motivado su implementación y aunque participó ni el 10 por ciento, lo consideró “una muy buena idea a lo mejor mal implementada. En ese momento, Bansefi no tenía ni los sistemas ni el personal para hacer algo de esta envergadura”.

Martín del Campo además aseguró que en realidad el programa no benefició a las entidades financieras que operan estos préstamos, pues la compra de los créditos no compensó el trabajo que hicieron las empresas para conseguir los fondos ni buscar colocar los créditos: “Hubo pérdidas, porque en el crédito de nómina se le da al vendedor una comisión por la venta que hace, entonces de entrada tienes que descontar la comisión que hiciste, entonces por ese simple hecho, si te lo compran en el primer año del crédito, seguramente va a ser un crédito con pérdida”.

Una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del 2016 evidenció que el programa se operó con diversas fallas, que iban desde el deficiente sistema informático hasta la falta de convenios de colaboración con dos entidades federativas, encargadas de retener los pagos de 186 créditos, por 6,054,800 pesos (293,068.73 dólares). Hasta la falta de evidencia de entrega de expedientes de 103 créditos, por 3,927,400 pesos (190,096.80 dólares).

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Otorgamiento y Recuperación de Créditos

A consecuencia de las deficiencias en la originación, administración y recuperación de estos créditos el Comité de Riesgos del BANSEFI detuvo el refinanciamiento a los trabajadores de la educación el 29 de octubre de 2015.

Para esta investigación, se presentaron diversas solicitudes de información a Banco el Bienestar –antes Bansefi– quien confirmó que, a través del programa BANSEFI REFIN, y el subprograma que se operó en Veracruz, se benefició a 15 entidades financieras, aunque se reservó las identidades de estas.

A nueve años de aquel rescate, el doctor Gustavo del Ángel Mobarak, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) especializado en el sistema financiero, expresó: “Esperamos que no vuelva a ocurrir porque tiene un alto costo fiscal y realmente acaban rescatando a deudores con dinero público, pero esto depende de muchas situaciones políticas”.

Menos optimista fue Alberto García, asesor parlamentario en temas relativos al trabajo y la seguridad social, que alertó que el episodio del refinanciamiento de créditos con recursos públicos podría volver a repetirse, pero ahora en dimensiones monumentales. “En la actualidad vamos directo a otro Profeproa (nombre popular con el que se conoció al programa estatal que refinanció los créditos de profesores con varias Sofomes), pero en proporciones bíblicas, porque es nacional, está creciendo, cualquier trabajador al servicio de alguna administración en un estado, tienen necesidades de crédito, y a la hora de la hora pagan tres o cuatro veces el monto que les fue prestado, y continúan debiendo”.

“Estamos en foco ámbar, porque siguen dándose estos créditos, se sigue cobrando excesivamente, hacia allá vamos, y no en mucho tiempo”, insistió.