La Pensión, es una Obligación

De acuerdo con estudios recientes, en México, de cada diez divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia; siete de cada diez madres solteras no reciben la pensión, y sólo una de cada diez mujeres que demanda consigue el ingreso económico para los menores a su cargo.

Con el fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país, el 23 de marzo pasado el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

También para los legisladores esto se convierte en un grave problema, que requiere de soluciones, ya que es alarmante que los hijos padezcan la indiferencia de los padres, que no desean hacerse responsables de los gastos básicos.

La propuesta plantea crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Con ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno podrán establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites entre los que se encuentran: licencias y permisos para conducir, pasaportes o documentos de identidad y de viaje; participar como candidatos a cargos de elección popular y en procesos de selección para asumir el cargo de juzgadores; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales; en las solicitudes de matrimonio; y aplicando medidas de restricción migratoria. Esto último prevee que pudieran impedir que los deudores de pensión alimenticia, salieran del país.

El dictamen responde a la obligación del Estado Mexicano para garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes del país y termina con la impunidad de los deudores alimentarios.

Para la gran mayoría de la población, esta novedosa reforma es digna de aplaudir por la conjunción de todos los partidos políticos y por ser una realidad concreta, sin rollos camaristas.